El Consejo Privado de Competitividad hace recomendaciones para impulsar la industria Fintech

Tras la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, a cargo del Consejo Privado de Competitividad (CPC), los integrantes del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (Snccti) firmaron un acuerdo con el que buscan establecer compromisos para mejorar la productividad del país a largo plazo.

“La idea es comprometernos como Comité Ejecutivo, cada uno desde su rol con una agenda de competitividad que verdaderamente logre que Colombia avance en productividad y competitividad, por eso firmamos este pacto. Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Los participantes del acuerdo fueron Clara Elena Parra Beltrán, Alta Consejera para el Sector Privado y Competitividad; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; el director de Colciencias, Diego Hernández, le presidente del CPC, Rosario Córdoba; el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez y Rafaél Puyana, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El compromiso se basó en los resultados del informe, que en su duodécima edición evaluó cuatro grandes componentes: condiciones básicas, capital humano, eficiencia de mercados y sofisticación e innovación.

En cuanto a financiación empresarial, el documento habla de la necesidad de aprovechar el impacto de los capitales semilla, avanzar en una política Fintech y acelerar la implementación de garantías mobiliarias, a través de las siguientes acciones:

Acción pública. Avanzar en una política nacional de fintech.

Es necesario que la regulación alrededor de la industria fintech sea armoniosa y apunte a lograr los objetivos de inclusión financiera o apoyo al emprendimiento que busca el país.

Acción pública. Avanzar en un esquema de sandbox regulatorio para fintech.

Por la velocidad a la que se desarrolla esta industria, es necesario que la regulación pueda avanzar a esa misma velocidad. El esquema de sandbox de supervisión que plantea la Superfinanciera puede ser apropiado para lograr este objetivo. Reino Unido, Singapur, Australia, Canadá y Suiza ya han implementado este tipo de modelos con éxito. Estos esquemas permiten un diálogo más directo entre la industria fintech y los supervisores y reguladores, para poder regular de manera balanceada y proporcional los negocios que hacen las plataformas, sin que ello impida el avance de la innovación.

Acción pública. Generar una campaña de educación financiera sobre los tipos de inversión, fondeo y riesgos asumidos en estructuras de crowdfunding.

Uno de los principales temores alrededor de las plataformas de crowdfunding es la falta de conocimiento sobre qué son y qué riesgos implican, lo que puede llevar a decisiones subóptimas de inversión por parte de los consumidores. Es necesario implementar una campaña de educación masiva que evite este riesgo y permita a los consumidores tomar mejores decisiones de inversión en estas plataformas.

Acción privada. Hacer seguimiento a los indicadores de sobreendeudamiento de los clientes de microcrédito para evitar el deterioro de la cartera y el riesgo para los microempresarios.

En la medida en que los clientes de microfinanzas tienen productos con más de un intermediario, aumenta el riesgo de deterioro crediticio y se reduce la oferta, lo que afecta la posibilidad para los microempresarios de acceder a esta fuente de financiación. En Colombia una tercera parte de los usuarios de microcrédito tiene productos con tres o más intermediarios, de manera que, para evitar el deterioro de la cartera, se recomienda dar un uso amplio a herramientas como el modelo de alertas de sobreendeudamiento (MAS), desarrollado por Asomicrofinanzas con el fin de establecer un criterio unificado para clasificar a los clientes financieros según su nivel y ritmo de endeudamiento y compartir información entre entidades. Este esquema de autorregulación, sumado al monitoreo por parte de las entidades de supervisión, puede ser efectivo para fomentar que el número de clientes y regiones del país que son atendidos por intermediarios de microfinanzas siga creciendo de modo pertinente.

Acción pública. Continuar y evaluar el proceso de modernización del Fondo Emprender.

El Estado debe fortalecer sus iniciativas de capital semilla para contar con una herramienta potente, estable y con suficientes recursos, enfocada en proveer este tipo de financiamiento a empresas jóvenes con potencial de crecimiento, y en ofrecerles acompañamiento para que tengan mayores posibilidades de crecer y de recibir futuras inversiones. Los cambios en el Fondo Emprender parecen ser pasos en la dirección correcta, por lo que es necesario evaluar la efectividad en la asignación de proyectos, tanto a nivel regional como por sectores, y evaluar si, en su conjunto, estos emprendimientos son más sostenibles en el tiempo.

Acción pública. Evaluar y consolidar el portafolio de instrumentos de iNNpulsa.

Desde 2012 iNNpulsa ha ejecutado diversos instrumentos para fomentar y acelerar el emprendimiento de alto impacto en el país. Es necesario evaluar su desempeño para concentrar los recursos en aquellos instrumentos con mejores resultados e impacto y reducir la participación de aquellos instrumentos de bajo presupuesto y pocos beneficiarios.

Acción pública. Promover la participación de inversionistas en las redes de ángeles o en otros vehículos de inversión.

Se requiere promover que más personas decidan convertirse en ángeles inversionistas y que se vinculen a las redes de ángeles inversionistas existentes para que se formen en materia de realización y administración de esas inversiones de riesgo. Las redes les permiten a los ángeles inversionistas tener acceso a un portafolio de proyectos que ya ha sido analizado y les dan el apoyo para establecer una relación de confianza con los emprendedores, que es necesaria para hacer la inversión y poder aportar capital inteligente. De igual manera, es necesario promover el uso de otros vehículos de inversión, como las fiducias de administración, que implican un menor riesgo que la inversión ángel al reunir recursos de varios socios, pero con un ticket de inversión menor al necesario para un fondo de capital privado (entre COP 100 millones y COP 400 millones vs. COP 800 millones a COP 1.500 millones). El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Confecámaras y la firma Brigard y Urrutia han elaborado la Guía práctica sobre la metodología para la constitución de vehículos de inversión para invertir en empresas en etapa temprana de desarrollo. Se recomienda hacerle difusión para extender el uso de este instrumento.